Se debe obtener el apoyo de al menos 1 millón de ciudadanos y ciudadanas de la UE con un número mínimo de firmas en al menos siete países. Los umbrales mínimos para cada país miembro se establecen en función del número de diputados en el Parlamento Europeo elegidos en cada Estado miembro, multiplicado por el número total de diputados del Parlamento Europeo. Para España el número de apoyos mínimo a alcanzar es de 41.595 firmas.

La recogida de firmas se realiza de manera online a través de un sistema centralizado y gestionado por la Comisión Europea. Las muestras de apoyo se podrán recoger en el plazo de 1 año desde su lanzamiento (iniciado en octubre de 2023). Todos los ciudadanos y ciudadanas de la UE que hayan alcanzado la mayoría de edad pueden firmar cumplimentando un formulario específico indicando país de nacionalidad, nombre y apellidos, tipo y número de documento de identificación personal.

Se trata de una propuesta que pretende conseguir la introducción de un impuesto sobre las grandes fortunas en la Unión Europea. Los recursos recaudados supondrían una fuente adicional de financiación para los recursos propios del presupuesto de la UE y se destinarían a inversiones que apoyen la transición ecológica y la inclusión social en los Estados miembros, así como para aumentar las asignaciones europeas a políticas internacionales de cooperación al desarrollo y a la financiación climática.

Para evitar cualquier malentendido, es importante señalar que el texto de la ICE no establece un modelo tributario concreto, sino que propone que solo los individuos más ricos estén sujetos al mismo.

Para entender cómo se podría diseñar este impuesto, podemos analizar diferentes propuestas y alternativas que han ido aportando diferentes organizaciones sociales, políticas y destacados economistas a lo largo de los últimos años.

Así, por ejemplo, de acuerdo con Oxfam, un impuesto progresivo sobre la riqueza de los multimillonarios y milmillonarios presentes en la UE, considerando diferentes tipos impositivos aplicados sobre diferentes niveles de riqueza (del 2 % sobre un patrimonio neto superior a los 4,6 millones de euros, del 3 % sobre un patrimonio neto superior a los 45,7 millones de euros y del 5 % sobre un patrimonio superior a los 913 millones de euros) podría llegar a generar hasta 286.500 millones de euros al año (este cálculo no incluye a Croacia, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Eslovaquia). Los patrimonios netos inferiores a los 4,6 millones de euros estarían exentos de este impuesto.

Otra propuesta interesante, impulsada por los economistas E. Saez, G. Zucman y C. Landais en 2020 para hacer frente a la pandemia de la COVID , consideraba aplicar este impuesto sólo al 1 % más rico de los ciudadanos europeos mayores de edad (entonces titulares del 22,5 % de toda la riqueza neta de la UE) . Para formar parte de ese grupo, había que tener un patrimonio neto de al menos 2 millones de euros. Los activos netos por debajo de este umbral estarían exentos del impuesto. Los activos netos que superen este umbral estarían sujetos a una imposición progresiva con posibles tipos marginales del 1 % para el tramo ente 2 y 8 millones de euros, del 2 % para el tramo de riqueza entre 8 y 1.000 millones de euros y del 3 % para el tramo de riqueza superior a los 1.000 millones de euros. Como referencia, para formar del 0,1 % con mayor riqueza en la UE se necesita disponer de un patrimonio valorado en más de 8 millones de euros. Los ingresos estimados por esta propuesta se situaban en unos 150.000 millones de euros al año para toda la Unión Europea (alrededor del 1,05 % del PIB conjunto).

Finalmente, otra propuesta a considerar –impulsada por el Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea del parlamento europeo y desarrollada por la organización Tax Justice Network (TJN)– consistiría en aplicar un impuesto a la riqueza sobre el 0,5 % con mayor riqueza en cada país miembro de la Unión. Además, propone diferentes tipos impositivos de acuerdo con diferentes umbrales de riqueza establecidos a nivel nacional: del 1,7 % para toda la riqueza que excediese el umbral para pertenecer al 0,5 % y hasta el 0,1 % con mayores niveles de riqueza; del 2,1 % para la riqueza del colectivo que se encuentra entre el 0,1 % y el 0,05 % con mayor riqueza y del 3,5 % para toda la riqueza que excede el umbral para pertenecer al 0,05 %. De acuerdo con esta propuesta, y restando lo que ya se recauda por impuestos similares ya existentes en algunos países europeos, los ingresos estimados ascenderían a más de 213.000 millones de euros uros al año para toda la UE. Considerando posibles pérdidas de recaudación por la migración de grandes fortunas, la cantidad recaudada sería de 208.000 millones de euros.

Al tratarse de ejemplos, nada impide aumentar el grado de progresividad del impuesto, ampliando el número de tramos y/o el nivel de los tipos marginales e incluso considerar una combinación de imposición sobre el patrimonio e imposición sobre las rentas de capital.

Es importante subrayar que el nivel de recaudación dependerá de la eficacia del impuesto, es decir, de que los titulares de estas grandes fortunas no puedan escapar a la imposición. Para ello, este impuesto debería ser lo más sencillo posible, evitando considerar exenciones (es decir, gravar el patrimonio neto total estableciendo un umbral mínimo igual para todos) y considerar también en su base imponible el valor del patrimonio en la forma de sociedades o empresas que no cotizan en bolsa o en fondos y fideicomisos . También resulta esencial aumentar la eficacia de las agencias tributarias, reforzando su capacidad para recibir información de terceros, sobre todo de los gestores de activos financieros, acerca del importe de la riqueza gravada. Seguir reforzando la cooperación internacional en materia fiscal y establecer un registro mundial de activos financieros son también dos elementos esenciales para dificultar la ocultación de patrimonio y capitales en paraísos fiscales. Por último, este tipo de impuestos deberían establecerse a nivel global y basarse en un criterio de residencia para incluir en la base imponible los activos poseídos en cualquier lugar del mundo por contribuyentes con residencia fiscal en cualquier país europeo, estableciendo fórmulas tributarias contundentes en caso de salida o «expatriación fiscal» (exit tax).

Aunque España ya cuenta con una tributación específica sobre el patrimonio, incluyendo un impuesto (complementario) temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas, la puesta en marcha de un impuesto a nivel europeo dificultaría el traslado hacia jurisdicciones de baja tributación dentro de la Unión Europea. Al igual que ha sucedido con el acuerdo global para establecer un tipo mínimo del 15 % sobre los beneficios de las grandes multinacionales, esta coordinación fiscal a nivel europeo permitiría establecer un suelo mínimo sobre la fiscalidad de las grandes fortunas.

En respuesta a la crisis financiera, España reintrodujo un Impuesto sobre el Patrimonio neto de las personas físicas en 2011, en teoría como una iniciativa temporal para apoyar la recuperación económica y sanear las cuentas públicas, pero aún vigente a día de hoy. De hecho, en 2021, se convirtió en un impuesto permanente con algunos cambios en su diseño. Su aplicación es nacional, aunque está cedido a las Comunidades Autónomas, quienes además de obtener su recaudación, pueden aplicar reducciones en el mínimo exento, modificar la tarifa y aprobar deducciones y bonificaciones en la cuota del impuesto. Esta realidad ha hecho que algunas Comunidades Autónomas hayan comenzado una peligrosa carrera hacia la baja, de manera que en algunas de ellas prácticamente no se paga nada. Una situación que sólo beneficia a unos pocos, aquellos con grandes fortunas, frente a una gran mayoría.

A nivel estatal, el impuesto considera una exención de hasta 300.000 euros para la vivienda habitual del contribuyente, cuenta con un mínimo exento de 700.000 euros y tienen obligación de presentar la declaración de este impuesto todas las personas si el valor de sus bienes y derechos supera los 2 millones de euros con independencia de si su cuota tributaria resulte a ingresar o no . Otra exención importante a la hora de calcular el patrimonio neto es la referida al valor de los negocios familiares (empresariales o profesionales) y a las participaciones en entidades que tengan la calificación de empresas familiares. A la hora de calcular el patrimonio neto se consideran todos los bienes y derechos (incluyendo activos financieros, propiedades, automóviles, barcos, inversiones, obras de arte y joyas) y se le restan las deudas.

El tipo aplicable varía de manera progresiva en función del nivel de la base liquidable resultante y varía desde el 0,2 % hasta el 3,5 % (bases liquidables superiores a los 10.695.996,06 euros).

Otro elemento importante de este impuesto hace referencia al límite establecido en la cuota íntegra. De este modo, la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio, conjuntamente con las cuotas del IRPF, no podrá exceder, para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal, del 60 % de la suma de las bases imponibles del IRPF.

Este impuesto recaudó en 2021, último año para el cual se dispone de información, algo más de 1.300 millones de euros, sobre un patrimonio neto declarado superior a los 847.000 millones, lo que supone un tipo efectivo de apenas el 0,16 %.

Además de este impuesto, y con el objetivo de poner límite a la carrera a la baja promovida por algunas comunidades autónomas, en 2022 se aprobó, el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Se trata, en principio, de un impuesto temporal de dos años (2023 y 2024), que se gravará sobre el patrimonio neto de las personas físicas que supere los 3 millones de euros. Los tipos impositivos son los mismos que los del impuesto sobre el patrimonio neto actualmente implementado. Actúa de manera complementaria al Impuesto sobre el Patrimonio, de manea que la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio satisfecha a nivel autonómico se podrá deducir de la cuota del Impuesto a las Grandes Fortunas que en este caso recauda el gobierno central. Solo si la cuota de Patrimonio es cero o resulta inferior a la del Impuesto a las Grandes Fortunas, habrá que abonar la diferencia. Su diseño y características son muy similares al del Impuesto sobre el Patrimonio, al considerar tipos aplicables también progresivos y al considerar las mismas exenciones y mínimos exentos. En términos prácticos, es una forma de corregir un vacío legal en la fiscalidad actual sobre el patrimonio y superar la competencia fiscal dentro de España. En 2023 se recaudaron 623 millones de euros como ingresos adicionales a través de este mecanismo, procedentes de 12.000 contribuyentes (0,10 % del total de contribuyentes), en su mayoría de Comunidades Autónomas que bonifican el impuesto sobre el Patrimonio.

En toda la UE, el 67% de las personas encuestadas en el Eurobarómetro 529 especial realizado entre mayo y junio de 2022 por encargo de la Comisión Europea están a favor de una mayor carga fiscal sobre los contribuyentes más ricos para financiar medidas de apoyo a los colectivos más pobres de la población. En una reciente encuesta elaborada por 40db para Oxfam Intermón y realizada entre más de 4.000 personas, más de la mitad consideraba que las clases trabajadoras, los/as autónomos/as y las personas más desfavorecidas pagan unos impuestos demasiado altos, mientras que 6 de cada 10 opina que las grandes fortunas pagan unos impuestos demasiado bajos.

De manera más concreta, en 2021, 6 de cada 10 españoles preguntados en una encuesta encargada por la red de multimillonarios Millonarios para la Humanidad a la empresa de estudios de opinión Glocalities se mostraron favorables a aplicar un impuesto adicional sobre los más ricos, de manera temporal, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Entonces, la propuesta consistía en un recargo anual adicional del 1 % a quienes tengan un patrimonio superior a los ocho millones de euros. Tan solo el 10 % de las personas encuestadas se opusieron a esta propuesta.

De manera destacada, la encuesta revelaba que el apoyo a esta medida era superior a los detractores con independencia de la su preferencia política. Así, el 38 % de los votantes de VOX mostraban su respaldo frente a un 28 % en contra; un 48 % a favor en el caso del Partido Popular y un 17 % de rechazo; y alcanzando ya un 59 %, 77 % y 86 % a favor entre los votantes de Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos, donde la opinión en contra era de apenas un 16 %, 4 % y 3 %, respectivamente.

De acuerdo con un estudio reciente, referido a 2021 y considerando las principales figuras impositivas del sistema tributario español (tanto impuestos directos como indirectos) así como las cotizaciones sociales, el sistema tributario español es progresivo (de manera que quien más ingresa más aporta), pero esta progresividad resulta muy moderada y se rompe para aquellas personas que más ingresan, perteneciente al 1 % con mayores ingresos. Así, mientras los hogares que pertenecen al grupo con el 20 % de menores ingresos pagan un 28 % de su renta bruta en impuestos, para los hogares en el 1 % con mayores ingresos, la presión tributaria apenas alcanza 24 % (4 puntos porcentuales de renta menos). Asimismo, al observar cómo avanza la presión tributaria en función de la renta promedio, se constata como la progresividad del sistema tributario español en su conjunto es muy limitada y moderada. Por un lado, la importancia de la imposición indirecta sobre los colectivos con menores niveles de renta reduce la progresividdad de la imposición directa entre estos colectivos. Por el otro, la creciente importancia relativa de las rentas de capital y del ahorro a medida que aumentan los niveles de renta, y su favorable fiscalidad frente a las rentas del trabajo, hacen que la imposición directa pierda peso entre los colectivos con mayores ingresos.

La falta de progresividad del impuesto sobre el patrimonio, con un diseño muy deficiente y en muchos casos bonificado por las CCAA, resulta esencial para acabar de comprender la baja presión tributaria de la que gozan aquellos con mayores recursos y patrimonio. En consecuencia, resulta difícil afirmar que el sistema tributario español cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Constitución Española de manera que: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

En relación al resto de países europeos, y considerando los ingresos, España se encuentre entre los más desiguales. Pero esta situación no es resultado sólo de la política fiscal, sino también de la desigualdad económica que se genera antes de la intervención del sector público a través de impuestos y transferencias monetarias y en especie.

La desigualdad en España antes de la intervención del sector público es menor que la media de la UE-28 y se sitúa en una posición intermedia en comparación con los países de referencia. Sin embargo, como señalan algunos análisis, el sector público español muestra una baja capacidad redistributiva en comparación con los países de referencia, y desde 2013 España es el país con menor nivel de redistribución, muy por debajo de la media comunitaria. Otros análisis estiman esta capacidad y muestran como los principales motores de la política fiscal para reducir la desigualdad se encuentran en las prestaciones monetarias y en especie, mientras que la capacidad de los impuestos es muy limitada.

Determinar qué gravar, con qué intensidad, qué equilibrio buscar entre la presión tributaria y la equidad redistributiva del sistema tributario, son cuestiones esenciales de distintas visiones políticas sobre cómo dividir la carga impositiva entre los contribuyentes para proporcionar al sector público los recursos esenciales para financiar políticas presupuestarias orientadas a promover el crecimiento, el estado de bienestar, la redistribución del ingreso y la reducción de brechas territoriales y sectoriales.

El sistema fiscal (considerando las transferencias públicas) desempeña un papel crucial en la redistribución de la renta y la riqueza y en la reducción de las desigualdades económicas. Entre las dos guerras mundiales que sacudieron el siglo XX, muchos países occidentales introdujeron impuestos progresivos sobre la renta para financiar importantes partidas del gasto social. La progresividad fiscal y el Estado del bienestar contribuyeron a reducir significativamente la desigualdad en las tres décadas posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Las desigualdades, en cambio, volvieron a aumentar desde finales de los años 70 en muchas economías avanzadas, entre ellas España, con la llegada de la doctrina centrada en los mercados, que veía con gran escepticismo, entre otras cosas, la intervención pública en general y los impuestos y el Estado del bienestar en particular. Desde entonces, la progresividad de los impuestos y el potencial redistributivo del sistema fiscal y de transferencias se han reducido considerablemente en muchos países. Al mismo tiempo, se ha reducido el gravamen sobre los más ricos. Así pues, nos hemos alejado de una construcción más igualitaria de los sistemas fiscales que implican gravar más de los que más tienen para financiar las transferencias monetarias a los más necesitados o la prestación gratuita de servicios públicos como la sanidad, la educación, los comedores escolares, la vivienda social y otras infraestructuras sociales fundamentales para garantizar un bienestar equitativo y sostenible para todos.